El proyecto de ley no menciona al patrimonio cultural ni en su objeto ni en su ámbito de aplicación, lo que reduce su jerarquía dentro del sistema cultural. Esta omisión impide que el patrimonio se reconozca como un componente estructural de la política pública cultural, y lo relega a un lugar decorativo.

Además, aunque se hace referencia al enfoque de derechos, el vínculo entre estos y el patrimonio cultural permanece débil. El patrimonio no es solo un conjunto de bienes a conservar: es un campo en el que se ejercen derechos culturales, se construyen memorias colectivas y se expresa la diversidad. Esa dimensión, clave para cualquier legislación cultural del siglo XXI, no se desarrolla.

También preocupa la falta de articulación con los entes territoriales. El proyecto alude a un sistema nacional de cultura, pero no define cómo se coordinarán responsabilidades, financiamiento ni capacidades técnicas entre la Nación y las entidades locales, que en la práctica son las principales responsables de la gestión patrimonial.

Por último, el patrimonio aparece de forma fragmentada en la estructura del proyecto, sin articulación transversal con áreas como la educación, la planificación urbana, la cultura viva o la participación ciudadana. Una ley cultural moderna debería integrar el enfoque patrimonial en todos los componentes del sistema, reconociendo que la sostenibilidad del patrimonio se construye colectivamente, desde el conocimiento local y con la ciudadanía como protagonista.