Inicio » Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 » PARTICIPA | Transparencia y Acceso a la Información Pública » 2. Planeación y/o presupuestos participativos | Participa | Transparencia y Acceso a la Información Pública
La planeación participativa es entendida como el mecanismo mediante el cual la sociedad civil decide el rumbo de las políticas, planes, programas, proyectos o trámites de acuerdo con sus necesidades. La participación puede darse en la delimitación de los resultados e impactos esperados y en la definición de productos y de actividades.
El presupuesto participativo es el proceso por medio del cual la ciudadanía, a través de la deliberación y la construcción de acuerdos con el Gobierno, asignan un porcentaje de los recursos del presupuesto a programas y proyectos que consideran prioritarios en armonía con el Plan de Desarrollo. Los gobiernos locales y regionales deben promover el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos. De igual forma, las entidades del nivel nacional pueden abrir posibilidades para que haya participación en su proceso presupuestario facilitando información de dicho proceso en todas sus etapas, para ello, debe consultar prioridades con los grupos de interés y facilitar la vigilancia ciudadana.
La Ley 388 de 1997 en relación con la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, en su artículo 4, determina que la participación democrática es un ejercicio que debe estar presente en todas las actividades de las administraciones municipales y distritales, en la que se consideren “los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones. […] tendrá como objeto asegurar la eficacia de las políticas públicas respecto de las necesidades y aspiraciones de los diversos sectores […]” (Ley 388 de 1997, artículo 4).
El sistema político colombiano es dependiente del nivel ejecutivo para promover la participación ciudadana aun cuando la voluntad política debería estar fundamentada en la participación según la Ley 136 de 1994, en su artículo 3 y modificadas por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012: “promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes”.
Los Decretos 448 de 2007 y 503 de 2011 crean el Sistema Distrital y la Política Distrital de Participación Ciudadana respectivamente. El Sistema de Participación Ciudadana establece como autoridad para la democracia participativa a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Por otro lado, determina las principales instancias en la cuales interactúa la ciudadanía y las distintas secretarias que conforman el Distrito para la promoción de la participación. De manera complementaria, la Política Distrital de Participación ciudadana fija los objetivos por los cuales deber regirse la participación ciudadana y establece la obligación de garantizar su financiación mediante los recursos del Plan de Desarrollo Distrital y su inclusión en los planes operativos anuales de inversión.
Asimismo, según el Acuerdo 257 de 2006, el Sector Gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad distrital y local, por la generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones sociales, por la relación de la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las normas relativas al espacio público que rigen en el Distrito Capital.
De tal forma, para el caso de Bogotá la participación ciudadana depende en gran medida del alcalde, debido a que el artículo 12 del Decreto 448 de 2007 nombra a la Secretaría de Gobierno como ente rector de la participación ciudadana.
Dado que no corresponde a la misionalidad del IDPC la gestión directa del proceso de Presupuestos Participativos del Distrito, de compartimos información útil de la Secretaría Distrital de Gobierno que puedes consultar
Apoyos ciudadanos
La caja de herramientas es la herramienta que recopila el conjunto de estrategias y recursos que utiliza el IDPC para apoyar pedagógicamente la apropiación de los temas relacionados a la participación ciudadana y el patrimonio cultural.
En esta subsección compartimos enlaces de acceso a oferta libre de formación en temas de planeación, presupuesto participativo y participación para la cualificación de la ciudadanía y grupos de valor.
También divulgamos información, artículos y estudios relacionados con participación ciudadana, patrimonio cultural, presupuesto y planeación participativa.
La Escuela de Participación del IDPAC tiene como objetivo formar a la ciudadanía dotándola de herramientas teóricas, metodológicas y de acción para incrementar su interés en los asuntos públicos y su incidencia propositiva y crítica a través de su participación y su gestión organizada.
Objetivo del Curso: Fortalecer conocimientos y desarrollar habilidades en las veedurías ciudadanas y sus redes para realizar evaluación en la gestión pública a través de indicadores basados en la cadena de valor y el enfoque basado en derechos humanos como una herramienta que facilite la realización de ejercicios argumentados para la vigilancia y control ciudadano.
Objetivo del Curso: El Departamento Administrativo de la Función Pública tiene el gusto de presentar a todos los servidores públicos, y a la ciudadanía en general, el curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual tiene como fin facilitar la comprensión e implementación del modelo en las entidades del orden nacional y territorial, teniendo en cuenta que la gestión institucional es la palanca que permite a las entidades y organismos públicos orientar su desempeño a resultados efectivos que satisfagan las necesidades y resuelvan los problemas de los ciudadanos.”
Gana Nariño / GANA Gobierno Abierto de Nariño
Un gobierno abierto es aquel que mantiene una conversación horizontal continua con la ciudadanía, que toma decisiones en base a las necesidades y preferencias planteadas por esta, que rinde cuentas de todo lo que decide y hace y que facilita la colaboración de los ciudadanos y los trabajadores en el desarrollo de los servicios que presta.
En el departamento de Nariño, el gobierno abierto se convierte en una filosofía de gobernanza, en la que prima la colaboración de y con la ciudadanía, la naturalidad, la claridad y la facilidad de la comunicación entre la comunidad y el Gobierno. Las tareas públicas se proyectan de forma transparente y colaborativa, partiendo de información completa, veraz y suficiente, para que los ciudadanos puedan ser parte de las decisiones del gobierno de manera competente, eficaz y efectiva.
Es una iniciativa promovida por organizaciones sociales y autoridades gubernamentales para articular la planeación y presupuesto participativo de distintos municipios y departamentos.
El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Organización Internacional de Instituciones Superiores de Auditoría y la Iniciativa Global para la Transparencia desarrollaron la Encuesta de presupuesto abierto para medir la transparencia presupuestaria en los gobiernos
Esta encuesta mostró que desde 2012 Colombia ha reducido su índice de transparencia en el presupuesto, con un puntaje de 50 sobre 100 (categoría ‘limitada’) a pesar de que se ubica por encima del promedio global en este índice, que es 42.
Los enfoques determinan la manera cómo desde la administración se comprenden y atienden las realidades de quienes habitan el Distrito Capital y su región; por lo tanto, le permiten al gobierno distrital de manera estratégica tratar las distintas problemáticas reconociendo las diferencias de los individuos, las familias, el género, la inclusión, y la cultura ciudadana, a la luz del ejercicio del servicio público y la participación ciudadana.
Conoce aquí los tips del enfoque poblacional diferencial para la participación ciudadana
» El enfoque diferencial en perspectiva de niños, niñas y adolescentes camina en dirección de eliminar los obstáculos que limitan la igualdad en el goce efectivo de derechos patrimoniales de niños, niñas y adolescentes, y de diseñar medidas diferenciadas que aseguren la garantía de derechos al patrimonio, y reconozcan (social y políticamente) a estos sujetos históricamente discriminados y excluidos de las dinámicas en torno al patrimonio cultural.